O el secuestro de la democracia

Suele suceder que cuando se legisla no se prevén todos los posibles escenarios que se pueden dar en la política y se da por supuesto que dichas lagunas se solventan con el buen hacer de los políticos.

Sin embargo la realidad es obtusa y acaba demostrando que las lagunas legales son casi siempre utilizadas de forma torticera por los que de ella pueden beneficiarse.

Tal sucede con el proceso de nombramiento de un nuevo gobierno para España. Desde diciembre de 2015 estamos empantanados con el tema. Todo el mundo critica a diestra y siniestra exigiendo responsabilidad y altura de miras pero nadie entra en el verdadero problema; que no es otro que el sistema electoral español en general y el sistema de nombramiento del Presidente del Gobierno en particular.

El artículo 99 de la Constitución tiene tantas indefiniciones que permite alargar indefinidamente el proceso. Me explico:

Una vez constituido el Congreso de los Diputados El Jefe del Estado –el Rey en este caso- tiene todo el tiempo del mundo para proponer un candidato, literal: no tiene fijado ningún tiempo límite. En la mini-legislatura anterior tardo 21 días, en esta fue más rápido tardando solo 9 días. Pero la indefinición de plazos permite alargar más si cabe esos tiempos ya que tampoco establece un tiempo limite para la sesión de investidura del candidato propuesto. Solo a partir de la primera votación de investidura el artículo 99 establece un plazo dos meses para convocar nuevas elecciones en caso de no conseguir nombrar un presidente del gobierno. Si a esto añadimos los 54 días desde dicha convocatoria y nos alargamos hasta unas nuevas elecciones en seis meses.

Si en la XI Legislatura Pedro Sánchez se dilató un mes en su investidura fallida, parece que en esta Rajoy, tras ser propuesto como candidato por el Rey pretende superar la marca de Sánchez o incluso crear una crisis institucional si declina someterse a la perceptiva votación de investidura. ¿Acaso pretende un chantaje para ser elegido por inanición –o inacción- de la oposición?.

Cuando los plazos dependen de la arbitrariedad de quien ocupe el cargo, o el encargo, la democracia esta atada de pies y manos. Es algo que debemos solventar y para ello es imprescindible una reforma profunda del sistema electoral. En otras ocasiones he argumentado sobre la necesidad de instaurar un sistema de Circunscripción Única y proporcional, pero ello debe ir acompañado, entre otras, de la reforma del sistema de elección de Presidente de Gobierno, estableciendo plazos y procesos prefijados, incluyendo un sistema que en caso de imposibilidad parlamentaria de elección de dicho cargo se haga una elección especifica del mismo por el cuerpo electoral, es decir por los ciudadanos.

Resumiendo:

Dos semanas tras constituirse el Congreso para negociaciones y primera propuesta del Jefe del Estado. Una semana para las votaciones.

Si no se nombra a nadie repetimos el proceso. Máximo otras tres semanas.

Finalmente si nadie sale elegido, en la primera semana, tras las dos frases previas, votación en el Congreso entre todos los se postulen a Presidente del Gobierno. Los dos más votados serían nombrados candidatos y se someterían en un máximo de dos semanas a unas elecciones directas a Presidente de Gobierno.

Sin parafernalia. Diez días de campaña, sin gastos de campaña en la calle. Debates en el Congreso televisados y debates y entrevistas en las televisiones y radios. Escritos y propuestas en la prensa. Y sobre todo sin alterar la elección al legislativo de los ciudadanos por la incompetencia de los políticos.

Tendríamos gobierno en un máximo de nueve semanas y sin postureos ni coacción del voto útil. Seguro que muchos españoles pasarían de las dos primeras fases y se apuntarían solo a la tercera.

Y ya puestos a no dejar cabos sueltos, si finalmente no hubiera un mínimo de dos candidatos para la última fase se repiten elecciones –que remedio- pero todos los diputados salientes quedarían inhabilitados para volver a presentarse durante una legislatura.

Cierto el parlamento no sería la correa de trasmisión del Gobierno, ¿Y?  ¡Mejor!. Si somos un estado de derecho ya es hora de que exista una verdadera separación de poderes. El nivel de nuestro parlamento actual, en ese aspecto, deja mucho que desear.

Evidentemente una reforma solo del proceso de elección de presiente seria un parche si no va acompañada de reforma integral del sistema electoral donde se garantice que el poder del voto de todos los ciudadanos es el mismo y que el acceso a los medios de comunicación es el mismo para todas las candidaturas en el ámbito en que se presenten, independiente de resultados previos. En fin, un sistema que garantice la desaparición de una partitocracia que ha monopolizado la política en los últimos cuarenta años.

Es evidente, soy  consciente, que los que se benefician del sistema actual no están dispuestos a cambiarlo; en todo caso a reforzarlo. Es la ciudadanía la que tiene que traer ese cambio. Se hizo en el pasado y es posible volver hacerlo.

Malos tiempos para la democracia en España entre la ineptitud política en Madrid y la deslegitimación del Parlament en Barcelona.

Este país, España, precisa de una ciudadanía más activa y exigente.

Vicente Serrano
Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y
Autor de “El valor real del voto” Ed. El Viejo Topo

Publicado en Crónica Popular