Las legislaturas de gobierno del PP acostumbran a seguir siempre una misma pauta: se caracterizan por dos primeros años de recortes que permitan crecer a las empresas a costa de las clases bajas; un tercer año en el que se empieza hablar de buenos resultados; y un cuarto año en que, preparando ya las elecciones, se hace algún reparto de migajas que permita a los sufridos españolitos pensar que les llega algo de la “recuperación”. Y luego, el ciclo vuelve a empezar.

El hecho de que esta legislatura esté gobernando en minoría le está desbaratando los planes, y ya en el segundo año se tiene que poner las pilas, pues la oposición por un lado y la sociedad por otro se le suben a las barbas. Y digo por lados distintos porque –y a cuenta del tema de las pensiones– podemos afirmar que la oposición ha ido a remolque de la sociedad española.

Que el PSOE se lleve las manos a la cabeza cuando su reforma de las pensiones se pone en marcha y empieza a ser efectiva ahora no deja de ser, como mínimo, chocante. Otros dirían vergonzoso.

Nuestros gobernantes, PSOE antes y PP ahora, se proponen mantener vivo al burro enseñándole a no comer. Tal vez lo mejor sería buscar nuevos pastos.

El artículo 50 de la Constitución Española dice que: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

Es decir, que constitucionalmente queda claro que todo ciudadano tiene garantizada una pensión adecuada y suficiente a partir de su jubilación. En ningún sitio dice que la financiación de dichas pensiones dependa en exclusiva del Fondo de Pensiones. Que está muy bien que exista el Fondo, pero que si con lo que hay en él no llega, habrá que hacer como con todo: usar los Presupuestos Generales del Estado.

Parece que, cuando se aprueba el Pacto de Toledo (1995), al separar las fuentes de financiación de las pensiones y crear el Fondo de Reserva de las Pensiones aprovechando las épocas de bonanza, se da a entender que el sistema se ha de autofinanciar, y es ahí donde se empieza a vender la idea de la inviabilidad del sistema. Es aquello de que viene el lobo, aunque nunca llegue. Y sobre todo si se deja a las ovejas sin la debida protección, que es la del estado.

Aún hoy se sigue hablando de la necesidad de evolucionar hacia un sistema mixto. Aclaremos. Nuestro sistema de pensiones es solidario y, por tanto, los trabajadores no capitalizan sus aportaciones individualmente. Las aportaciones corrientes (del año) sirven para pagar las pensiones corrientes. Como en cualquier otro servicio social del estado. Los impuestos generales pagan la Sanidad, la Educación, la Defensa, los costes de la Administración del Estado, etc. Digamos que el sistema impositivo es complejo y lo que paga cada ciudadano no se usa en exclusiva para ese ciudadano. Es decir, no capitaliza su aportación al estado: cada uno paga en función de lo que gana y recibe según lo que necesite, sean medicamentos, operaciones médicas…, las escuelas y los tribunales, han de ser pagados por todos los ciudadanos, con independencia de que éstos estudien o no, o que hayan de acudir o no a juicio. Pues la pensión, lo mismo.

Las cotizaciones a la Seguridad Social, para pensiones o para sanidad, son un impuesto solidario y cada uno deber recibir su pensión, cuando corresponda, independientemente de si hay o no dinero en el Fondo de Pensiones. Es el estado el responsable de que recibamos una pensión, porque así lo estipula la Constitución del 78, recuérdese.

Y dice el citado artículo que las pensiones han de ser actualizadas y suficientes. Cierto que no dice qué índice usar para dicha actualización, pero hasta el Defensor del Pueblo ha dicho que podría ser inconstitucional el aumento de ese ridículo 0,25%. No sé por qué no interpone un recurso de inconstitucionalidad; saldríamos de dudas.

Parece que detrás de todo este maremágnum de la inviabilidad del sistema de pensiones hay un fuerte interés de los bancos por quedarse el pastel. Nada como incentivar la subscripción de planes de pensiones privados o incluso, pongámonos en guardia, de entrar a gestionar el fondo de pensiones público. Y, sin ser agorero, la ruptura de la caja de la seguridad social y la de las pensiones –que tanto ansían los nacionalistas vascos y catalanes– también podría apuntar por ese proceso de privatización.

Es decir, el sistema ha de ser viable en tanto el Estado sea viable. Es decir, siempre. Y ojo con las reformas: si son para asegurar más ingresos, bienvenidas sean; si son para recortar derechos, ¡ni una! Ya llevamos dos y habría que revocarlas.

Las pérdidas de poder adquisitivo en las pensiones de los últimos años son acumulativas, como bien explica Juan Francisco Martín Seco en su artículo La rebelión de los pensionistas. Esto significa que, sin contar con las pérdidas pasadas desde el inicio de la crisis, incluyendo los gobiernos del PSOE, implican a futuro que la subida del 0,25% con un IPC del 1,11% en 2017 supone en 10 años una pérdida acumulada de poder adquisitivo de los pensionistas de un 8,9% de su poder adquisitivo, eso contando que en los próximos 9 años sí se efectuara una subida de la pensión de acuerdo con el IPC anual. Pero si, como parece, el  proyecto es seguir subiendo sin referencia al IPC y, siendo optimistas, pongamos que dicho incremento se sitúa un 0,5% por debajo del IPC de cada año, el efecto acumulativo en 2027 produciría una pérdida acumulada del 31,74% sobre el poder adquisitivo de las pensiones.

Pérdida que no afectaría solo a los actuales pensionistas, sino también a los futuros. Es evidente que el problema no es la viabilidad del sistema actual, sino de cómo se redistribuye la riqueza en un estado social y de derecho. Como dice Martín Seco en su segundo artículo sobre el tema: La viabilidad del sistema público de pensiones, al igual que la del resto de las prestaciones sociales, no es un problema de producción, sino de distribución.

¿Qué hacer?

El pasado sábado, la MERP convocó una gran manifestación en Madrid, por la mañana, para reclamar una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. También la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones convocó manifestaciones por toda España contra el miserable aumento del 0,25%. Los sindicatos llamaron a la movilización de forma paralela. A pesar del caos de convocatorias, las manifestaciones fueron un éxito.

Uniendo ambas propuestas tenemos la solución: Blindaje constitucional y garantía de la viabilidad pública del sistema. Y definir un sistema de revalorización más justo. Frente a la subida lineal porcentual, es posible que deban realizarse incrementos de las pensiones inversamente proporcionales a su cuantía, es decir, para que subiesen más las bajas y menos las altas.

Tal como dice Martín Seco, Desde esa perspectiva global, en la que todos los ingresos financian la totalidad de los gastos, la variable fundamental es la evolución de la renta global del país (sea cual sea el número de activos) y cómo se reparte. Más concretamente, qué porción va al Estado, como accionista mayoritario de la economía nacional, para financiar la totalidad de los bienes y servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones. Y si establecemos una pensión mínima –que hay que subir– y una pensión máxima, y además establecemos un salario mínimo –que también hay que subir–, tal vez va siendo hora que nos planteemos instaurar también un salario máximo, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo a la responsabilidad social de las empresas y lo que en la, tan denostada, Constitución Española dice respecto a la función social de la propiedad (Art. 33), sin menoscabo de que sea necesario reforzar esa función mediante reforma constitucional y la consiguiente ley orgánica ad hoc. En la misma línea debemos atender a reforzar constitucionalmente los derechos al trabajo (Art. 35), a las prestaciones sociales y el desempleo (Art. 41), a la salud (Art. 43) y a la vivienda (Art. 47). Dichos derechos, considerados hasta ahora declarativos, deben migran en su configuración constitucional hacia derechos efectivos y, por tanto, ejecutivos y reclamables. Resumiendo: Trabajo, techo y pan.

Necesitamos marcar los ejes de esa necesaria reforma constitucional, centrándolos en las cuestiones que garantizan la igualdad, y rechazando aquellas que procuran el interés de ciertas elites.

Nou Barris. Barcelona. 21 de marzo de 2018

Vicente Serrano

Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas.

Autor de El valor real del voto. Editorial El Viejo Topo. 2016

Crónica Popular, 23 de marzo de 2018