El proceso de involución democrática en Cataluña (y por ende en España) está en marcha.

El nacional-secesionismo.

Se veía venir. Aquellos que se llevan las manos a la cabeza y piensan o dicen que tal vez hay que aflojar, que sería mejor ceder un poco con el fin de mantener la paz social, no entienden que el nacional-secesionismo es un monstruo que lo devora todo.

Aplicar paños calientes a una situación en la que cualquier acción o inacción por parte del Estado es considerada por el independentismo como una agresión o una concesión, es aceptar la derrota por anticipado. Es estar a la defensiva, y ésta es una situación que no se puede solventar con una actitud como ésa. Porque lo que se busca no es otra cosa que la derrota del Estado democrático frente al totalitarismo nacionalista.

Partitocracia, corrupción y bipartidismo imperfecto.

Es evidente que el Estado está en una situación de debilidad debido a una crisis de legitimidad provocada por un largo proceso de corrupción de la partitocracia española. Proceso donde han participado tanto los partidos de ámbito estatal como partidos de ámbito autonómico y la connivencia entre ellos les lleva a temerse mutuamente.

PP y PSOE partidos en el ámbito estatal afectados por esa corrupción política intentan mantener su hegemonía dentro de ese bipartidismo imperfecto del que el sistema electoral español se ha dotado, mientras en Cataluña los partidos beneficiados por dicho sistema aprovechan esa situación de debilidad para conseguir la segregación de la autonomía del resto del Estado.

Construcción nacional.

Pensar, como algunos afirman, que éste es un problema reciente de unos seis o siete años es de una ingenuidad galopante. El proceso de construcción nacional catalana se inició incluso antes del final del franquismo, cuando Jordi Pujol empezó a controlar el catalanismo moderado y católico que, hasta ese momento, había dado apoyo desde la guerra civil al franquismo.

La Transición  dotó al nacionalismo de un aura de democracia que nunca tuvo, ni tendrá. Otra cosa es su capacidad para disfrazar las pulsiones totalitarias de sus postulados. El proyecto nacionalista siempre contempló la secesión, la independencia, como objetivo final. No es la primera vez que lo afirmo: la única diferencia entre un nacionalismo moderado y un nacionalismo radical está en el ritmo y la velocidad de ejecución de lo que es, en sí, el mismo proyecto.

Es el pujolismo el que nos ha traído a la situación actual. Ya en 1990 apareció un documento donde se describían los pasos a dar para la construcción de la ansiada nación. Entre esos pasos destacaba el proceso de asimilación identitaria de los niños, a través de la escuela: catalanización, lo denominaban. La inmersión lingüística es, pues, una herramienta no sólo para la sustitución del castellano por el catalán, sino una herramienta en el proceso de construcción nacional.

Nacionalismo e izquierda.

Recuerdo perfectamente la visita, por aquellos años, del entonces coordinador de Ezker Batua, Javier Madrazo, a Barcelona siendo yo miembro del Consell Nacional de Esquerra Unida i Alternativa, de su Comissió Nacional y de su Permanente. En un acto, creo recordar por la Avenida Guipúzcoa, me encaré a él solicitándole aclaraciones sobre el concepto de “construcción nacional” que él tanto defendía. Como podéis imaginar, dicha polémica fue rápidamente sofocada. Es evidente que estos enfrentamientos y otras críticas no ayudaron para que yo permaneciera mucho tiempo en la Permanente de dicha organización. Mi purga fue el primer acto antiestatutario.

Algunos ya vimos en aquellos años la peligrosa deriva de la izquierda hacia un colaboracionismo con el nacionalismo que era impropio de su ideología. En los más de veinte años transcurridos, el error parece no haberse corregido; más bien al contrario, se ha agudizado.

El proceso de liberalización económica, bajo las directrices comunitarias, ha traído a las clases obreras españolas una grave pérdida de derechos laborales, una importante reducción de salarios y pensiones, además de un grave incremento del paro –aún no revertido– y graves recortes sociales. Mientras los grandes capitales usan la crisis para consolidar poder y beneficios, las clases trabajadoras soportan el coste social, económico y humano de la crisis.

Es en ese contexto en el que, por un lado, el PSOE –como responsable del gobierno de la nación en dos largos periodos de tiempo–, los sindicatos –como colaboradores necesarios–, y la izquierda, englobada en IU en su momento y ahora en Podemos o Unidos Podemos, son incapaces de plantear una alternativa social más justa. Y por tanto corresponsables de los desastres sociales actuales. Y a pesar de los intentos de renovación en sus respectivos ámbitos, PSOE/PSC por un lado y Podemos y sus confluencias por otro han sido incapaces de crear un proyecto social, político y económico para España.

El complejo de culpa impropia.

Rebuscar en el origen de ese fracaso nos lleva a constatar que el problema se origina en la Transición, y se agudiza con el tiempo, encontrándonos en estos momentos ante un panorama desolador: ¡no existe la izquierda en España! Y el origen del problema se genera en el mismo ámbito generador de la crisis política española en el que estamos ahora: El nacionalismo.

En la lucha contra el franquismo, la izquierda cometió el grave error de reconocer al nacionalismo como una fuerza democrática, y desde entonces su relación con él ha sido de subsidiariedad. Es como si la represión que el franquismo ejerció sobre las zonas con otra lengua, además del castellano, hubiera sido más grave que en el resto de España. Es lo que, más de una vez, he definido como “Complejo de Culpa Impropia” de la izquierda.

Que dicha represión fuera mayor en estos territorios es más que discutible, sobre todo si se consultan los listados de ejecutados durante y tras la Guerra Civil, pues si bien éstos fueron muchos en Barcelona, no es menos cierto que hay lugares donde el número es considerablemente más alto y más grave (Badajoz, Málaga/Almería, etc.) Aparte de que Barcelona y Cataluña estuvieron durante la Guerra Civil en la retaguardia la mayor parte de la misma, y además durante el franquismo la relación con el poder dictatorial fue exquisita, como lo atestiguan los recibimientos masivos al “caudillo” con sardanas, castellers y pancartas en catalán. Ignorar los beneficios que el franquismo concede a las burguesías catalana y vasca es un grave ejercicio de desmemoria.

El franquismo continuó las políticas de protección a la burguesía catalana y vasca que inauguraron los Borbones tras los decretos de Nueva Planta de finales del siglo XVIII y hasta la Segunda República, sin que durante ésta mermase, por cierto.

Si tal “complejo de culpa impropio” no afectase a las izquierdas catalanas, lo más seguro es que no estuviéramos en esta situación. Lo cierto es que la forma en que se constituyen los partidos de izquierda al inicio de la Transición determina la situación actual. Tanto el PSC como ICV (inicialmente IC, actualmente Catalunya En Comú – Podem) son partidos o entidades independientes de sus partidos matrices españoles, pero participan en los órganos ejecutivos de éstos. Es decir: yo opino y voto sobre España, pero vosotros no podéis opinar ni votar sobre Cataluña. Podemos definirlo como “jerarquía inversa”: la parte decide (participa en la decisión) sobre el todo, pero veta al todo en las decisiones propias. Ni siquiera podemos llamar a esa relación como de tipo confederal, ya que en un sistema confederal existen ciertas obligaciones de las partes tomadas en común.

Se podrá debatir sobre los cambios en la relación PSC-PSOE introducidos en no muy lejanos días, pero lo cierto es que siguen siendo entidades separadas con las mismas dependencias antes descritas: sólo hay que ver las contradicciones actuales entre las últimas propuestas de Iceta respecto a la solución “catalana”. Lo de Unidos Podemos y Catalunya en Comú – Podem precisa de un análisis… ¿cómo decirlo? ¿Psiquiátrico? Que las posiciones de Comuns marcan la hoja de ruta de UP en España es de libro.

La pérdida de votos en toda España y la sangría en Cataluña es analizada por los partidos de izquierda como errores o fallos interpretativos de la clase obrera que dice representar. La incapacidad para analizar objetivamente las causas de su debacle les ha llevado a enrocarse cada vez más con el nacionalismo en una suerte de reinterpretación de su propia ideología, donde la demolición de España como estado les permitiría, supuestamente, recuperar la hegemonía política.

Su inconsciencia les impide ver que esa ruptura, de llevarse a cabo, se hará en primer lugar irreversible, ya que en los trozos resultantes se exacerbarán los sentimientos de identidad contrapuestos – con ver las actitudes de los manifestantes procesistas en los últimos días es fácil hacerse a la idea–. En segundo lugar, los grandes perjudicados de este proceso segregador serán las clases trabajadoras, que verán sus derechos en grave peligro y sus salarios y pensiones mermar: la fuerza de las clases obreras jibarizadas será menor, y más en sociedades desestructuradas y embarcadas en luchas identitarias. Y tercero: el papel de la izquierda, en sociedades donde la nación supremacista (herderiana) es el centro de su existencia, será marginal. Otra cosa es que sus dirigentes encuentren acomodo en la nueva Ítaca, cosa bastante factible. Algunos ya lo han practicado: Romeva, Maragall, etc.

Es paradójico que esa izquierda subsidiaria del nacionalismo, que defiende el derecho de Cataluña y el País Vasco a segregarse, reivindique a la vez como propia la Segunda República Española, cuando ésta en su artículo primero, párrafo 3, dice: “La República se constituye en un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”, y en su artículo 8º recuerda “los límites irreductibles de su territorio actual”. La realidad es que nuestra actual Constitución prácticamente copia algunos de los procesos que en aquélla se establecían para convertirse en comunidad autónoma. La descentralización a la que aspiraba la Segunda República se da con la Constitución del 78, tan denostada por esa izquierda.

La España federal.

Ciertamente hay mucha gente de izquierda que apuesta por un sistema Republicano y Federal, no sabiendo muy bien lo que quiere decir federal, y resumiéndolo con frases hechas que lo que definen, en realidad, es un proceso de confederación, como si España fuera en estos momentos una suerte de Estados independientes a la búsqueda de la unidad. Con ello quieren encajar la defensa del derecho de autodeterminación, una reclamación dogmática con poca base dado que tal derecho no le asiste a ninguna parte de España, ni por lo legislado por la ONU, ni por lo escrito por Marx, Lenin, Stalin o Rosa Luxemburgo. Recomiendo el ensayo de S. Armesilla: El marxismo y la cuestión nacional española. Editorial El Viejo Topo. 2017.

Proponen la de-construcción de la tortilla española, perdón, del Estado español. Es decir: ya que tenemos España unida, troceémosla a ver si conseguimos volverla a unir, ciertamente desde otros parámetros. Parámetros que se les escapan de las manos a la vuelta de la esquina. Paradójico, a la par que ejemplarizante –no precisamente en su acepción positiva-, la propuesta del respetado economista Juan Torres López y el constitucionalista Roberto Viciano Pastor de la refundación basada en la libre voluntad de los pueblos que componen nuestra Patria, cayendo de hinojos en la coartada secesionista, eso sí, flotando por encima de la realidad en visión privilegiada y omnímoda que da ser de “izquierda” y tener la verdad sin mancharse.

Entender el federalismo de esa manera no lleva precisamente a que éste sea muy popular entre las clases obreras que dicen representar. Cierto que los incondicionales lo seguirán apoyando; pero de ahí a conseguir un incremento significativo de adeptos hay mucho, pero mucho, trecho.

Es pues importante definir en qué punto del proceso de federación real es en el que se encuentra España. Los niveles de autogobierno de algunas comunidades autónomas son muy altos, superiores al de los länder alemanes. Nuestro sistema autonómico es considerado como federal o cuasi federal. Yo lo definiría como un “federalismo imperfecto”, al contener asimetrías que afectan a la igualdad de todos los ciudadanos. Desde la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE ya han puesto en entredicho la legitimidad y lo inaceptable del cupo vasco y el concierto navarro en alguna ocasión, y también el ataque a la igualad de los ciudadanos que significa la implantación de la mal llamada inmersión lingüística.

Imponer, como se pretendía con la reforma del Estatut, blindajes judiciales, fiscales o lingüísticos para la Comunidad Catalana no podemos entenderlo como un proceso de federalización, sino más bien un proceso hacia una “jerarquía inversa” de la que antes hablaba. El federalismo en España no puede ser el resultado de la unión previa división, no puede ser un proceso a partir de soberanías inexistentes hacia una confederación. Históricamente, la confederación es un paso hacia la federación, y no al revés. ¿Qué sentido tiene ir desde un Estado unitario hacia una confederación?

El federalismo, en todo caso, ha de ser un sistema de descentralización del poder para garantizar mejor la igualdad de todos los ciudadanos, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística en tanto que realidad en toda España. Dicha federalidad no puede contemplar a las comunidades autónomas (federaciones) como elementos estancos y homogéneos: al contrario, nada hay más diverso que las comunidades con más de una lengua. Es decir, un sistema federal no puede permitir blindajes de lenguas, y menos aún sistemas educativos basados en la exclusión de cualquiera de las lenguas de la autonomía. La inmersión lingüística no tiene justificación actualmente ni como discriminación positiva, si es que alguna vez se pudo considerar como tal.

Evidentemente, un Estado federal precisa de una fidelidad federal o constitucional que, en los sucesos que nos atañen actualmente, brilla por su ausencia. Como dice Teresa Freixes, es hora de dejar de hacer el federalismo de la centrifugación para pasar al federalismo de la cooperación y la coordinación.

Federalismo no debe, ni puede, estar reñido con el concepto de Estado integral según la II República, o el de unidad indisoluble de la actual Constitución –concepto que mantiene en su constitución la República federal Alemana–.

Hacia la Tercera República Española.

La república como organización justa del Estado en el siglo XXI tiene un soporte racional indiscutible. Abrazar cualquier república, en cambio, puede ser retrógrado; y la más retrograda de todas, la imaginaria república catalana, por los elementos supremacistas, xenófobos, insolidarios y neoliberales de sus postulados.

Por otro lado, pensar que república es tan sólo cambiar la forma de designar la jefatura del Estado es como una ambición de vuelo corto. ¿Qué tipo de república? ¿Presidencialista, como la francesa o la Estadounidense? (Y con poder ejecutivo). ¿O parlamentaria, como la alemana o italiana? (Donde el presidente tan solo es una figura institucional sin poder, como aquí el rey). Cierto que al menos cada equis años se cambia.

La principal crítica a una monarquía es que la jefatura del Estado se hereda. Un privilegio por razón de cuna, que desde un punto de vista de la igualdad y la democracia es inaceptable. Pero como buen republicano, esa crítica no puede quedarse ahí: debe extenderse a todos los privilegios heredados. Es decir, es tan inaceptable heredar la jefatura del Estado como heredar grandes fortunas.

La herencia es el sistema por el cual se perpetúan las desigualdades sociales. Eso que es una realidad a lo largo de la historia, en el caso de las sociedades capitalistas es fundamental en el proceso de acumulación de capital, ya que éste, el capital, precisa de generaciones para consolidarse. Por otro lado, en sistemas no monárquicos, autollamados republicanos, también acostumbran a perpetuarse las clases sociales y las clases políticas. Algo que se puede observar en la sociedad española –y catalana–, y no sólo en partidos de la derecha sino también en los de izquierda. (En todos: nuevos e históricos.) Sólo es cuestión de bucear en los antecedentes familiares de algunos.

Una auténtica república social ha de acabar con las desigualdades sociales, las producidas por razón de herencia y las producidas por la injusta distribución de la riqueza: no sólo en cuanto a rentas, sino también en servicios sociales como educación o sanidad. Una verdadera república social debe poner la economía al servicio de la comunidad, y no del máximo beneficio privado.

El 14 de abril se conmemora la Segunda República Española: caminemos hacia la Tercera sin sectarismos ni dogmatismos, desde la crítica racional a la situación actual.

Cataluña en la encrucijada

Desde cierta izquierda ambigua se dice que con la república se solventaría el problema catalán; y claro, eso estaría muy bien si en España hubiera un fuerte movimiento republicano. Pero la realidad es que la sociedad española no parece muy anhelante de la llegada de una Tercera República y en cambio sí le preocupa, y mucho, mantener la unidad de España como garantía de los derechos ciudadanos que, mal que bien, aún conservamos. Ni siquiera podemos hablar de que en España haya un fuerte sentimiento de españolidad en un sentido de pertenencia abierta y no excluyente. Existe un nacionalismo español excluyente y xenófobo, es evidente, pero residual. Otra cosa es que la izquierda ha renunciado a su españolidad, dando vía libre a la derecha para quedarse con la bandera –en su doble sentido–. Así pues, la izquierda española es, básicamente, antiespañola. Todo ello, unido al que antes denominé “complejo de culpa impropio”, ha permitido llegar a la situación en la que ahora nos encontramos.

La dejación y el pasteleo de los gobiernos de España (PP y PSOE) han dado alas al nacionalismo. Parece que fue el PSOE o el PSC o Pedro Sánchez quien forzó a Mariano Rajoy a convocar las elecciones al día siguiente de la autorización para aplicar el 155. Ahí también afectó el “complejo” al PP; le viene afectando aunque de otra manera (supongo que porque asumen ser herederos del franquismo, culpa heredada). Lo cierto es que su utilidad ha resultado muy limitada, ya que no ha tocado prácticamente las estructuras de poder del nacional-catalanismo. Es una intervención sutil, no hay reuniones del Govern de la Generalitat. Hablar de que los ministros han asumido las competencias de las conselleries es una falacia. Las conselleries funcionan normalmente, dirigidas por los cargos que puso Puigdemont, y se nota, pues siguen llenas de publicidad pro-Procés. Y aparte de eliminar las embajadas y cuatro cosas más, poco se ha hecho. TV3 sigue siendo el gran aparato de propaganda del Procés, las subvenciones a los periódicos del régimen siguen fluyendo; a las asociaciones amigas, igual. El control de los mossos es muy parcial.

Que llamen fascista al estado español suena a chiste. Podemos, y yo lo hago, criticar el sistema electoral por el cual el PP tiene la mayoría en el Senado, pero lo cierto es que la actuación del gobierno se hace con la autorización del Senado y con el soporte de la representación mayoritaria de la sociedad (sumen votos de PP, PSOE y C’s). Y repito: su aplicación ha sido laxa.

Hablar de acto totalitario o fascista y de la inexistencia de la separación de poderes (aunque todo es mejorable) en España, por la prisión preventiva de los responsables de posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, es, cuanto menos, inaceptable. En octubre de 2017, 12 políticos estaban en prisión preventiva por hechos similares, y algunos del PP.

Dice Nicolás Maduro ante posibles movimientos secesionistas de la llamada media luna venezolana: “A aquel que se pase de la raya —que cometa actos ilegales— le caerá todo el peso de la Justicia. No aceptaré gobernadores ‘guarimberos'”. La actuación de Evo Morales ante los intentos separatistas de su propia Media Luna Boliviana (Santa Cruz, Pando, etc.) demuestra una doble vara de medir de dichos mandatarios respecto a la integridad de sus Estados y respecto a la de España. Tal cosa parece responder, no a un conocimiento real de las cosas, sino a una suerte de asesoramiento internacional de la izquierda española. A mi parecen coherentes en la defensa de su integridad territorial: tanto allí, como hemos de serlo aquí.

¿Tiene arreglo Cataluña hoy?

Con el Parlamento actual, no. La secesión es inaceptable aunque fueran mayoría. Para que una secesión sea aceptable con una mayoría cualificada debe de asistir al territorio en cuestión el derecho de autodeterminación. Cataluña, en tanto que no es ni ha sido nunca una colonia, no existe una opresión a su cultura, y no existe un expolio, no tiene derecho a la autodeterminación. Y además, los secesionistas nunca han llegado al 50% en votos, y en censo nunca han pasado del 37%. Son muchos, pero en democracia la voluntad de la mayoría se ha llevar a cabo respetando la de la minorías. Cataluña no puede ser independiente, ni aún siendo mayoritario el secesionismo: sería como reconocerle un derecho de secesión que no tiene. Implicaría restar derechos al resto de los españoles. Aunque es evidente que los nacionalistas tienen constitucionalmente derecho a luchar democráticamente por sus ideales, lo mismo que los que no somos nacionalistas a luchar por los nuestros.

La voz de Cataluña no puede se monopolizada por una minoría, por muy activa y numerosa que sea.

Pero la convivencia está muy dañada hoy en Cataluña. Es posible que de aquí al 22 de mayo la violencia social aumente, dado el interés de nacionalismo en mantener el desafío al Estado desde las instituciones catalanas. También es posible que en el último momento, el 21 o 22, elijan un presidente de la Generalitat para evitar repetir elecciones, lo que les permitiría mantener el desafío por largo tiempo.

El peligro de enquistamiento es real. Nos estamos instalando en un bucle sin salida. Sobre todo por el inmovilismo de los partidos de ámbito estatal, donde priman los intereses electorales frente al bien común (España), y por la agresividad social y política del independentismo, donde, a pesar de sus tensiones internas, priman los intereses secesionistas frente al bien común (Cataluña), y por supuesto ignorando el otro bien común más amplio (España).

Tampoco se puede esperar que con unas nuevas elecciones en julio se resuelva nada. Es evidente que no habrá grandes cambios en el voto, y que el sistema electoral seguirá beneficiando al nacional-secesionismo.

En las democracias formales europeas, el gobierno nunca tiene un apoyo superior al de un 40% del censo (es más bien generalmente cercano al 30%), debido a la abstención y, sobre todo, a unos sistemas electorales tendentes a crear mayorías, mediante diversos métodos para la deformación de la voluntad popular. Estos sistemas deberían ser puestos en tela de juicio y por tanto reformados, garantizando una mayor separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Estos sistemas que permiten cierta estabilidad a los gobiernos centrales están generando una infidelidad constitucional por parte de algunos gobiernos regionales que se benefician de ellos. El caso más fragrante es Cataluña.

Si se repiten las elecciones en Cataluña en julio, sin cambiar al menos la asignación de diputados por provincia, todo seguirá igual: El bucle processista continuará.

Es evidente que quien convocará esas elecciones, en la actual situación, será el gobierno español. Si desaprovecha la oportunidad, será responsable por dejación de lo que venga después. Tiene las herramientas, la inacción no es una opción.

Nada es reconstruible si se sobre-representa a el secesionismo. Sólo poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde, según la voluntad ciudadana, es posible romper –y no será fácil, ni a corto ni medio plazo–, el bucle identitario en el que estamos instalados.

Nou Barris. Barcelona. 02 de abril de 2018

Vicente Serrano

Presidente de Alternativa Ciudadana Progresista y miembro del Foro de las Izquierdas No Nacionalistas.

Autor del ensayo El valor real del voto. Editorial El Viejo Topo. 2016

Publicado en Crónica Popular: Entrega 1 y Entrega 2

Publicado en Rebelión

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