España en la encrucijada

Camino de unas terceras elecciones que no servirán para solucionar nada, el Congreso de los Diputados continúa catatónico, instalado en la inacción y en la inanición.

El atontamiento de sus señorías patentiza su incapacidad política, su falta de ideas o, mejor, la sumisión de los intereses de la sociedad a los de sus partidos políticos.

Estarán esperando un milagro que les convierta en la llave de la gobernabilidad. No se salva ni uno. Desde el PP hasta U-P, incluyendo los que se sitúan entre ellos (C’s y PSOE), como los que se sitúan fuera (PNV, CDC y ERC).

espana-en-la-encrucijadaVotaremos el 25 de diciembre –fum fum fum- y todo seguirá igual o peor. A todos se les llena la boca diciendo que el bipartidismo ha muerto. Pero saben que eso no es verdad. Lo he dicho en alguna otra ocasión: Con este sistema electoral puede morir “un bipartidismo”, el que configuraban PP y PSOE, pero el sistema tiende a un bipartidismo imperfecto. Actualmente está en un proceso de cambio de los actores principales, y los actuales se resisten a dejar de serlo.

Está claro que, en la derecha, el sorpasso de C’s al PP no se va dar –por ahora–, mientras que, en la izquierda, la pelea por ocupar su espacio central –entiéndase el espacio mayoritario en la centralidad de la izquierda, es decir, socialdemócrata– está muy vivo. Por eso unas terceras elecciones solo puede favorecer, en la derecha, al PP, y en la izquierda –aparentemente– al PSOE. Es decir, hay una lucha fratricida por mantener su posición en el antiguo bipartidismo que algunos, alegremente, ya ha enterrado tras darle los sacramentos. Podemos –con IU absorbida–no acierta a encarar una estrategia que le asegure el deseado sorpasso. Denigrar al PSOE y a la vez ofrecerle un pacto en el que incluir a los secesionistas produce tantas contradicciones internas en U-P, como la del “no, no y no” de Sánchez frente a la propuesta de abstención socialista.

Si tan claro tienen todos que se ha acabado el bipartidismo, ¿por qué no se ponen de acuerdo en enterrarlo? Pero en enterrarlo de verdad con un cambio de ley electoral. Tal vez será porque todos quieren ser actores protagonistas de ese bipartidismo.

Como decía, nuestro sistema electoral genera un bipartidismo imperfecto ya que, si bien beneficia a los dos partidos con más votos, siempre precisa de algún tercero para formar gobierno. Ese papel lo han hecho los nacionalistas vascos y catalanes durante más de treinta años, obteniendo a cambio grandes privilegios y generando un estado generalizado de corrupción en todo el país.

El bipartidismo PP-PSOE entró en crisis por el hartazgo ciudadano y, a la par, por la propia dinámica del mismo. Independientemente de los movimientos ciudadanos –15M–, o a causa de ellos, está claro que las elites –ahí caben las oligarquías hispanas y las internacionales– apostaron por un cambio de actores, por la configuración de un bipartidismo de nuevo cuño.

El sistema institucional español se autodefine como parlamentario y, por lo tanto, el Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados, con lo que aquél, aparentemente, está controlado por éste. Pero la realidad es que el Gobierno es el motor de Congreso y, sin su tutela, no funciona. Ésta es la dolorosa realidad que hace de nuestro parlamento un títere del ejecutivo. A los hechos me remito: nueve meses de ninguneo al Parlamento por un gobierno en funciones.

Si el Congreso de los Diputados es la representación de la soberanía nacional. ¡No está en funciones, tiene legitimidad plena! ¿A qué esperan para modificar el sistema electoral para que, si se han de repetir elecciones, la forma de nombrar el Gobierno cambie y, ya de paso, también para acabar con un sistema tan poco proporcional?

El doble problema de nuestro sistema electoral

Y digo esto último porque uno de los grandes peligros a la hora de afrontar una reforma del sistema electoral es que nos la quieran meter doblada. Sí. El problema de nuestro sistema electoral es doble:

1.- Es un sistema mayoritario disfrazado de proporcional. Las opciones que algunos mediáticos proponen son sistemas uninominales –lo venden como la posibilidad de elegir a personas concretas, con nombre y apellidos– que convertirían a nuestro sistema en mayoritario puro, dejando a millones de votantes sin representación. Otros apuntan a listas abiertas como las del Senado, que asegura al partido más votado el control total de la cámara con poco más del 30% (el PP con el 33% del voto tiene el 62% del Senado). Finalmente, algunos sugieren el sistema alemán, un sistema con apariencia de proporcionalidad pero que sigue siendo mayoritario si no se corrigen algunos elementos, que aquí no hay espacio para explicar.

2.- El sistema de elección de Gobierno permite que el plazo para su nombramiento sea alargado sine die y además fuerza el (mal llamado) “voto útil” con cada nueva convocatoria electoral, aparte de desincentivar la participación de los ciudadanos. Es necesario, pues, definir y delimitar los tiempos para dar la posibilidad de que los nuevos parlamentarios elijan al nuevo Presidente del Gobierno y el número de intentos posible, y establecer un sistema que evite nuevas legislativas innecesarias tras el fracaso de los parlamentarios. La posibilidad de someter a una votación ciudadana a los dos candidatos que más apoyos obtengan en el Congreso, en una campaña corta y puramente mediática, garantizaría un nuevo gobierno en un máximo de 12 semanas tras las elecciones generales.

Para afrontar esta reforma del sistema electoral es preciso reformar el artículo 99 de la Constitución. Seguro que algunos se llevan las manos a la cabeza: “no hay tiempo antes de Navidad”. Creo que la reforma del 135 –innecesaria y mala, por otra parte– no precisó demasiado tiempo.

Evidentemente, junto a esa reforma de la Constitución (artículos 68, 69, 99, 101 y 115) – sistema de elección del gobierno, definición de la circunscripción única, etc. – sería precisa una reforma de la ley electoral (LOREG, artículos 42, 46, 50, 56, 57, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 96, 97, 108, 161, 162, 163, 165, 166 –eliminar-, 167, 169, 172, 173, 179 y 180) que garantizara, entre otras, la igualdad de todas las candidaturas en los medios de comunicación públicos y privados. Una ley que no deje sin representación como hasta ahora a dos millones de votantes. Una ley que dé el mismo valor a cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia. Una ley, en suma, más representativa, más proporcional, más justa.

España, en una encrucijada

Como anunciaba en el titular, España está en una encrucijada. La izquierda no tiene un proyecto para España más allá de apostar por un mal llamado derecho a decidir que ni siquiera es de izquierda. Parece abogar por un derecho a dividir como si de eso pudiera salir algo más que miniestados identitarios donde la clase obrera sería, aún más, carne de cañón para las oligarquías locales y las multinacionales.

Qué decir de una derecha que se llena la boca de España, o de Cataluña, de Euskadi o Andalucía, según sea, pero que, a la hora de la verdad, solo le preocupa generar una gran deuda pública, donde meter mano (privatizando servicios públicos, por ejemplo), y asegurar los beneficios de la banca que les presta el dinero.

La esperanza de que una izquierda que asuma un papel histórico, superando dogmas como el del derecho a la autodeterminación en España y recupere sus señas de identidad en la lucha por la igualdad, son cada día más menguantes y, sin embargo, parece evidente que, si tal cosa no se produce, la salida de esa encrucijada nos sitúa en una situación mucho peor que la actual.

La derecha tiene una coherencia interna en torno a sus intereses de clase. La izquierda está desnortada, o si se quiere “desizquierdada”, y sus dirigentes responden a intereses de clases universitarias o clases pequeñoburguesas con fuerte componente nacionalista. Por otro lado, esa misma izquierda ha renunciado a la emancipación de clase, a la formación de ciudadanos con conciencia critica. Es más fácil pastorear seguidores estilo hooligans.

Barcelona, 17 de septiembre de 2016

Publicado en Crónica Popular y en Rebelión

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